15 enero 2013

Breve contexto económico y social del Perú 2013

El país ha conseguido una estabilidad macro económica que se expresa en el crecimiento sostenido del Producto Bruto Interno (PBI), que se proyecta en 2.6 veces entre 1990 y el 2015, la reducción de la deuda pública y en el mantenimiento de los niveles de inversión5. Durante los últimos cinco años6, el PBI creció a tasas por encima del 7.0% anual, y el conjunto de indicadores macroeconómicos perfiló un comportamiento positivo. Así, la inflación se mantuvo baja, el sol se fortaleció frente al dólar, la balanza comercial mostró balances positivos (habiendo aumentado significativamente tanto las exportaciones como las importaciones); y la presión tributaria se mantuvo constante (Anexo 3).
Las perspectivas para el período 2013-2014, son las de mantenerse como la economía de mayor crecimiento en la región y crecer a tasas sostenidas, en torno del 6% anual. El reto es evitar que el Perú enfrente una desaceleración en su ritmo de crecimiento. El crecimiento de mediano plazo estará liderado por la inversión privada, la cual podrá materializarse en la medida que se concreten importantes proyectos de inversión anunciados para los próximos años; estimándose que los principales se concentrarán sobre todo en los sectores minería e hidrocarburos, electricidad e industria y en proyectos de infraestructura concesionados.
Lo antes señalado, impone una serie de importantes desafíos a la política pública que implica la adopción de medidas destinadas a elevar la competitividad y productividad, a través de: i) mejora sustancial del capital humano; ii) reducción de la brecha de infraestructura a través de asociaciones público-privadas; iii) simplificación administrativa; iv) impulso a la innovación tecnológica; v) diversificación de la oferta productiva; vi) mayor profundización financiera y desarrollo del mercado de capitales; y viii) diseñar acciones de sostenibilidad ambiental. El futuro comportamiento de las inversiones privadas y también públicas, demandará del sector ambiental un fortalecimiento de sus labores fiscalizadoras y reguladoras.
Por otro lado, en la dimensión social del desarrollo, son fundamentales los indicadores de población, pobreza y cobertura de los servicios públicos.
Según los resultados del Censo Nacional de Población del 2007, el Perú tenía una población compuesta por 27 412 157 personas, estimándose que al 2012, ésta asciende a 30 135 8757. Por otra parte, se aprecia que la estructura poblacional del país se está transformando, pues en el área urbana la población menor de 14 años está disminuyendo, mientras la población en edad de trabajar se está incrementando. Este fenómeno, conocido como bono demográfico, constituye una fortaleza para el país.
En un marco de estabilidad macroeconómica, el crecimiento económico sostenido de los últimos años contribuyó significativamente a la reducción de la pobreza, principalmente de las zonas y sectores más articulados a la dinámica de la economía, sin embargo, aún se mantienen excluidos a importantes segmentos de la población, especialmente de las zonas rurales. La pobreza se ha reducido a través de dos vías: mediante el aumento del empleo (que ha incrementado el ingreso de los hogares) y los mayores ingresos fiscales, que han permitido financiar un mayor gasto social en apoyo a la población más vulnerable.
Sin embargo, la permanencia de brechas sociales, principalmente en territorios donde se conjugan el aprovechamiento de los recursos naturales y las expectativas de las poblaciones rurales con elevados signos de exclusión social y económica por conseguir beneficios concretos y mejorar sus condiciones de vida, se expresa en un aumento de conflictos socioambientales. Al respecto, es preciso señalar que el Gobierno tiene como una de sus metas principales la reducción de la pobreza y de las brechas sociales que son causa de los conflictos ambientales y no ambientales.
El escalamiento de conflictos registra una tendencia creciente en los últimos años. Las regiones afectadas pasaron de 12 en el 2006, a 15 en el 2007; 19 en el 2008; 23 en el 2009 y en el 2010 abarcaron las 24 regiones del país. También se evidencia una mayor intensidad de los conflictos, con aumento de las acciones de violencia, que conllevan elevados costos sociales, económicos y políticos.
La creación de la nueva Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM es parte del esfuerzo institucional del gobierno para impulsar el diálogo como mecanismo para lograr el entendimiento entre los ciudadanos, las empresas y el Gobierno. Asimismo, se busca impulsar una cultura de diálogo entre el Estado, los partidos políticos, la sociedad civil y el empresariado.
El primer reporte de la citada oficina, señala que el mayor número de conflictos sociales tienen origen en la actividad minera (38.1%) seguidos por las actividades de hidrocarburos y minería informal (15.2%) y actividades agrarias, que incluyen producción de hoja de coca, concesiones forestales, reservas comunales y territoriales y áreas naturales protegidas (12.1%). Las regiones con mayor número de conflictos son: Loreto, Cusco, Junín, Ancash, Cajamarca, Puno9.
La paz social del territorio nacional se ha visto afectada por la presencia de diversos conflictos socio ambientales, muchos de los cuales han creado situaciones de violencia no deseada, que ha generado costos económicos, sociales y políticos, que requieren un manejo adecuado a fin de asegurar las condiciones de viabilidad económica y la gobernabilidad del país.
En este contexto es relevante que nuestras acciones y respuestas consideren la diversidad cultural del país: más de 14 familias etnolingüísticas, 72 grupos étnicos y al menos 44 etnias distintas, de las cuales 42 se encuentran en la Amazonía. Existencia de 4 101 590 pobladores indígenas, que constituyen más de 1 500 comunidades.
Al respecto con la creación del Ministerio de Cultura, se está trabajando sobre la reducción de las desigualdades correlacionadas con los factores étnicos y culturales, en nuestro país, demandan un accionar coordinado de las distintas entidades públicas. No obstante, los esfuerzos sectoriales orientados a atender a la población indígena en el respeto a sus derechos, así como la afrodescendiente, carecen de una plataforma institucional que garantice la articulación intersectorial e intergubernamental.
Fuente: AgendAmbiente Perú 2013-2014 - Agenda Nacional de Acción Ambiental - Ministerio del Ambiente.