17 marzo 2013

Las culturas y el conflicto en el Perú


Desde inicios del presente siglo, el Perú viene experimentando un ciclo expansivo en su economía
que, en este decenio, se traduce en un importante crecimiento del Producto Bruto Interno; el boom de las exportaciones, principalmente mineras, que incrementó sustancialmente el ingreso de divisas y la recaudación fiscal; el aumento en los niveles de empleo y la disminución de la pobreza, entre otros.
Este ciclo viene, sin embargo, acompañado con un aumento en los niveles de conflictividad social, en el
marco de una persistente precariedad institucional, especialmente del sistema político, expresada en la
debilidad de los partidos, su escasa presencia nacional y sus dificultades para ejercer la representación de la ciudadanía, todos estos factores que los limitan seriamente para desempeñarse como eficaces mediadores políticos.
La conflictividad deriva fundamentalmente de la presencia de industrias extractivas, sobre todo mineras, en ámbitos rurales andinos pero también de la costa. Los conflictos afectan igualmente a zonas de la Amazonía con fuerte presencia de pueblos indígenas, tanto por la presencia de empresas petroleras y gasíferas, como por la explotación forestal y otras actividades. Un caso especial es el de la minería informal e ilegal, presente en la región costera, andina y de selva, así como los conflictos en torno a la gestión de gobiernos locales y las disputas entre comunidades campesinas.
Varios de estos conflictos son relativamente recientes, como en los casos de la minería informal e ilegal, o los desencadenados en torno a la gestión local; los conflictos derivados de la presencia de empresas
mineras en entornos rurales andinos son más bien antiguos; sus orígenes datan de las primeras décadas
del siglo XX, aunque por entonces, las empresas y los movimientos sociales que las resistían eran distintos a
los del presente, al igual que la correlación de fuerzas sociales y políticas, el Estado y la sociedad peruana en general. Estos han contribuido a crear y “sedimentar” diversas “culturas del conflicto” en el imaginario
social peruano, que en realidad data de muchas décadas (y quizás siglos), reforzadas por una serie de elementos propios de la diversidad cultural del país.
En este artículo, se intentará realizar una exploración tentativa del tema, con el fin de ordenar algunas ideas
que puedan sugerir pistas de análisis de diversos contextos socioculturales. Para ello, será necesario
partir de nociones básicas acerca de la cultura peruana en general, ya que la denominada “cultura del
conflicto” se ubica en ese marco general, y está informada por éste.
La formación de estas distintas “culturas del conflicto” en el Perú es producto de complejos procesos
históricos, sociales y políticos; algunos se remontan a varios siglos atrás, en tanto otros son más recientes. No existen sin embargo exploraciones sistemáticas de éstas, que permitan distinguir sus variedades o
subculturas y den cuenta de sus contenidos (normas y valores, las motivaciones, prioridades y los estilos de
comportamiento vigentes en distintos grupos sociales), lo que es fundamental para conocer la subjetividad de quienes se involucran en los conflictos y, en la medida de lo posible, aportar al esfuerzo de establecer con ellos (y entre ellos) relaciones constructivas que permitan superar y transformar el conflicto.
1.1. Antecedentes históricos

Algunos hitos claves identificables y contemporáneos en la formación de los imaginarios que alimentan las
“culturas del conflicto” serían los siguientes:
1.1.1. Las disputas hacienda-comunidades en el sur andino en las primeras décadas del siglo pasado
Entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, muchos conflictos eran producto de los
intentos de hacendados y gamonales por expandir sus tierras despojando a las comunidades indígenas, las
que respondían con estrategias variadas (litigios legales, “resistencia pasiva”, rebeliones).
1.1.2. Las luchas políticas conducidas por los primeros partidos doctrinarios y de masas en los años 20-30 del siglo XX
Las luchas políticas de fines de los 20 y las siguientes décadas contribuyen también a crear una cultura
política que deja como herencia un discurso ideológico que legitima las protestas y reclamos y
cuestiona el orden socio-político, y deja a la población una importante lección: la necesidad de buscar
representantes e intermediarios políticos y organizarse para la defensa de sus intereses. Desde las élites
de entonces, se afirma la idea de que los conflictos son producto de agitadores políticos y profesionales, que buscan subvertir el orden público, manipulando a la pobla-ción para lograr sus fines. El conflicto es visto como sinónimo de desorden, fruto de una conspiración que debe ser reprimida.
1.1.3. Los conflictos empresas mineras comunidades campesinas en el centro del país (años 30-50)
Los conflictos empresas-comunidades en torno a la minería aparecen por la presencia de nuevas
compañías (extranjeras y nacionales) en una actividad que se remonta por lo menos a la colonia, cuando se
obligaba a los indígenas a trabajar en minas como mano de obra en semiesclavitud (mita). Este hecho
contribuyó a instalar en la conciencia colectiva campesina una imagen negativa de la minería, que
parece haber persistido en el siglo XX, alimentada por otros hechos (contaminación, despojo, cambios
sociales no deseados), pero matizada y complejizada por los impactos sociales y económicos que genera un
mercado de trabajo y de bienes para la población y productores locales. Las representaciones del siglo
XXI no parecen haber variado sustancialmente, pues la llamada “nueva minería” es relativamente reciente
y sus impactos positivos están aún madurando.
1.1.4. Las invasiones de haciendas protagonizadas por comunidades campesinas andinas en los años 50-60
Los movimientos campesinos de invasión de haciendas en la sierra central y sur durante los años 50-
60, son otra fuente alimentadora de las culturas populares del conflicto. A diferencia de lo ocurrido
medio siglo atrás, en esta ocasión, las comunidades pasan a la ofensiva contra las haciendas, tomando
tierras que consideraban les había pertenecido anteriormente. Las invasiones exigieron a las comunidades una fuerte cohesión, la búsqueda de aliados políticos urbanos, intensos trámites ante oficinas públicas, el uso de formas organizativas y tácticas de origen sindical, etc.
Es probable también que por estos años, vaya sedimentándose la idea de que sólo a través de paros y
movilizaciones se podía defender eficazmente sus derechos y arrancar concesiones a las élites,
visualizándose la negociación como sinónimo de debilidad. En un contexto de urbanización, masiva
migración campo-ciudad y modernización, los conflictos por tierras dejan lecciones importantes
entre la población rural, que de diferente manera, las integran en su imaginario cultural.
1.1.5. Los procesos de sindicalización y las movilizaciones de trabajadores urbanos (años 50-60)
En los años 50-70 ocurre un proceso masivo de sindicalización y formación de organizaciones
sociales, en cuyo seno encontramos nuevos líderes educados y con experiencia política, incluyendo
militantes de partidos de izquierda, cuya presencia la población valoraba como positiva en tanto hacía más
eficaz la movilización. Se va afirmando así una cultura política que ve la confrontación como la única (o
principal) manera de defender los intereses.
1.1.6. Los conflictos por acceso a tierras urbanas en los años 60-70
Los movimientos sociales por acceso al suelo urbano fueron también un hito en la formación de las culturas
políticas y de los conflictos vigentes, sobre todo en distritos populares urbanos, adoptando modelos
organizativos y estilos procedentes de los gremios laborales, combinados con prácticas clientelistas y un
gran pragmatismo en las negociaciones.
Todo lo anterior evidencia la existencia de un conjunto de elementos instalados en los imaginarios de los
distintos grupos sociales del país, los que pretenden informar sobre la naturaleza y características del
conflicto, sus causas, dinámicas y posibles alternativas de solución. Integran también de múltiples maneras

las lecciones y experiencias subyacentes en el inconsciente colectivo peruano y están en la base de las
actitudes, comportamientos y lecturas que efectúan las personas cuando afrontan una situación que
podría calificarse de conflictiva.
Las culturas del conflicto incluyen lo que convencionalmente podríamos llamar las normas, valores, usos
y costumbres relacionadas con las disputas, tensiones y luchas que, inevitablemente, surgen entre los
distintos actores de una sociedad. Sus representaciones contienen una gran variedad de nociones
objetivas y estereotipadas, que explican, justifican y legitiman ciertas actitudes, incluyendo asuntos
relacionados con las estrategias y relaciones que los actores establecen entre sí para afrontar el problema.
Como se sabe, la sociedad peruana está formada por diversas culturas y subculturas, siendo las más
significativas aquellas que corresponden a tres sectores socioculturales: 1) la cultura andina, propia
de la población rural andina y de un fuerte segmento urbano en este ámbito; 2) la cultura urbano-popular,
que corresponde a las clases populares urbanas, principalmente de la costa; y 3) la cultura criolla
1.2. Diversidad cultural y conflictos sociales “cosmopolita”, de clases medias y altas de Lima y las ciudades más importantes.
Las experiencias históricas y las normas, patrones y valores específicos, condicionaron la formación de distintas “culturas del conflicto”. Los rasgos que se van a describir corresponden a elementos característicos de éstas¹, por su centralidad para el entendimiento de la conflictividad del país.
Estas culturas no están desde luego confinadas a un área especial; al contrario, pueden encontrarse
también en otras zonas, asociadas a elementos no considerados, pues existe una fuerte relación y un
activo intercambio entre las diversas tradiciones o subculturas del país. Se trata de un ordenamiento que
pretende abrir pistas para la reflexión.
1.2.1. Conflicto y cultura en el mundo andino
La denominada “cultura andina” es en realidad un conjunto de subculturas cuyos contenidos y manifestaciones varían entre las regiones, aunque también posee componentes similares compartidos,
independientemente de la lengua y algunos rasgos socioculturales que las distinguen y cuyo
esclarecimiento excede los alcances del presente artículo. Varios de estos elementos son relevantes para
conocer y captar las “culturas del conflicto”.
a) La desconfianza
Un primer rasgo tradicional extendido en el mundo andino (y también en el mundo urbano criollo)
es la existencia de una cultura de la desconfianza y recelo bastante generalizada. Las personas suelen
desarrollar fuertes lazos de confianza y lealtad con su entorno inmediato (familia, parentela, paisanos),
manteniendo con muchos de ellos activos intercambios de favores y de recursos². Esto contrasta
con una histórica desconfianza hacia los foráneos. La “desconfianza campesina” suele ser un mecanismo de
defensa frente a los intentos (reales o figurados) de muchos extraños que quieren (o pretenden)
aprovecharse de ellos, apoderándose de sus bienes o propiedades mediante una serie de argucias. No se
confía en comerciantes y empresas foráneas (más si son costeños o extranjeros), no se cree en la palabra de
la autoridad, a menos que sean del mismo pueblo o comunidad. La desconfianza es un mecanismo de
defensa, resultado de la experiencia histórica de expoliación y aprovechamiento del que la población
andina fue víctima.
Es por ello que la población ubicada en el entorno de proyectos mineros o de otro tipo, tiende a resistir la
presencia de éstos, no cree en los ofrecimientos y promesas que se les hace, y suele considerar la
legislación o normatividad vigente como ajena y hostil a ella.
Un segundo rasgo tradicional es la “cultura de la resistencia pasiva”, que al igual que la desconfianza,
es también un mecanismo de defensa muy común.
Consiste en evitar, en lo posible, enfrentamientos directos con gente cercana o con extraños, más aún con
b) La “resistencia pasiva” autoridades, políticos o personas educadas, a quienes se reconoce un estatus social más alto y mayor poder.
Incluye disimular las intenciones y practicar una lucha soterrada; en un plano visible, se acatan las leyes y el
orden formal, pero se puede trabajar para minarlos si se consideran ajenos y hostiles a sus intereses.
Dentro de esta tradición, se puede comprender la reticencia de los campesinos hacia la polémica y el
debate abierto; no es frecuente que entablen discusiones para refutar otros argumentos. Es por ello
que, muchas veces, las asambleas colectivas en las que se toman decisiones, sólo una minoría discute (las
mujeres suelen situarse en la parte posterior y casi no intervienen). Esto suele ocurrir también en los
espacios (audiencias, talleres) usados por las empresas extractivas para obtener la licencia social.
Por eso, muchos de los asistentes, que no hablaron (y otros que ni fueron consultados), pueden sentirse
ajenos a los acuerdos allí adoptados. Además, la gente no suele negarse en conversaciones cara-a-cara; la
negativa se da a entender con algunas señales que sus interlocutores deben comprender.
Una visión difundida y aceptada entre un sector de autoridades y funcionarios públicos, empresarios y
técnicos es que las controversias y conflictos pueden solucionarse si se presentan argumentos lógicos,
coherentes y científicos a la población. Si se le muestra a la gente quien tiene la razón, supuestamente, ésta va a aceptar lo que se les pide. Esta visión no conoce ni entiende la desconfianza, el temor, y la escasa legitimidad de los actores públicos y privados, menos aún que es normal que las personas de todos los estratos sociales actúan muchas veces impulsados por motivaciones que poco tienen que ver con la lógica y la ciencia.
Vinculada a lo anterior, se encuentra una característica  que sorprende a muchas personas que tienen contacto con el mundo andino: la ambigüedad de actitudes y comportamientos de la población; la gente suele mostrarse más abierta comprensiva y moderada en contactos interpersonales, pero luego, en público experimentan un cambio drástico y pueden ser distantes, duros e intransigentes al momento de
negociar y decidir asuntos de interés colectivo.
Algunos atribuyen este cambio a la manipulación, pero en realidad tiene más relación con la efectividad
de los mecanismos de control social sobre la conducta individual en colectividades pequeñas, mayor que la
ejercida en ciudades grandes, anónimas e impersonales. Las distintas formas de presión social
para alinear a un individuo con la corriente predominante en su medio son más fuertes en aquéllos ámbitos.
La cultura de “resistencia pasiva” está cambiando en las nuevas generaciones, socializadas en otro clima
social y cultural, especialmente entre los líderes y dirigentes con mayor educación formal y con
formación política. En este nuevo estrato dirigencial, está bastante generalizada una suerte de “cultura de la
confrontación”, herencia de tradiciones gremiales de décadas anteriores, que con frecuencia conduce a
disputas y enfrentamientos directos con otros actores locales o foráneos.
c) Jerarquía y estamentos en la cultura andina
Una tercera idea es la persistencia de una visión jerárquica y estamental de la sociedad en el mundo
andino, junto a visiones horizontales y democráticas que han ido desarrollándose en las últimas décadas.
La población del ande, sobre todo los campesinos indígenas y quechua-hablantes, están al final de la
escala social. El desprecio histórico de las élites por la cultura andina (idioma, costumbres tradicionales) refuerza este discurso.
Estas visiones estamentales se captan, por ejemplo, en el trato y respeto ceremonioso de los andinos hacia el mestizo o criollo; la aparente “subordinación” al profesional, líder político o funcionario público.
Muchos costeños creen que su condición de profesionales y educados les otorga autoridad sobre
los indígenas pobres; sus opiniones son escuchadas con interés y, al menos de palabra, se les otorga
autoridad, aun cuando no necesariamente se hace lo que dicen.
Ha existido también, tradicionalmente, un fuerte clientelismo en las relaciones de los campesinos con
autoridades y funcionarios, con líderes locales o nacionales, o con profesionales y comerciantes criollos
presentes en la zona andina³. Estas relaciones se usan mucho para manejar ciertos conflictos con agentes
externos, buscándose el favor de autoridades y políticos.
Muchos campesinos tienden a subordinarse y mantener relaciones respetuosas con autoridades públicas, reconociéndoles su poder e influencia y brindándoles regalos que propicien su favor. Las relaciones
clientelares descritas se combinan con relaciones democráticas y abiertas, lo que complejiza la
cultura política del mundo andino. Si bien los nuevos mecanismos de transparencia y modernización
implementados por el Estado buscan evitar este tipo de prácticas, su generalización al conjunto del
territorio nacional aún es un reto pendiente.
d) Importancia de las redes sociales y comunidades campesinas
Un cuarto elemento es el denso entramado de relaciones o redes sociales, que involucran a la familia
nuclear inmediata, pero también a la parentela y a las redes de paisanaje. En el área andina, es muy común
encontrar facciones que incluyen a habitantes de diversos espacios en torno a una o más familias
importantes, encabezados por líderes o “llaqta tayta” (“padres del pueblo” en el sur quechua-hablante). En
este marco, se desarrollan lealtades primarias e incondicionales, y cuando se desencadena un
conflicto, los actores participantes movilizan apoyos de sus respectivas redes sociales. No se trata, desde
luego, de organizaciones formales y monolíticas, pero cumplen roles importantes para la supervivencia de
sus miembros, así como para su inserción en distintos ámbitos. Este rasgo es común a muchas sociedades,
pero debe ser adecuadamente visibilizada para entender la complejidad de los conflictos en nuestro
medio.
Un elemento adicional característico del mundo andino es el papel de la comunidad campesina, sobre
todo en el sur. Pese a la modernización que ha debilitado la organización, su rol en la defensa de los
intereses de sus asociados frente a agresiones externas continua siendo importante, lo que debe tomarse en
cuenta cuando se aborda la prevención y gestión de conflictos.
e) Tensiones y conflictos sociales: estrategias en el mundo andino
Las sociedades locales andinas, como ocurre en muchos otros casos, están atravesadas por diversas
tensiones y conflictos. Cuando los contendientes son personas de la misma comunidad o pueblo, suelen
resolverse a través de algunos mecanismos tradicionales: la costumbre, los acuerdos familiares y
la decisión de la autoridad propia. Cuando los conflictos son con agentes externos, el asunto es más
complicado, y lo frecuente es recurrir a terceros, generalmente al Estado, lo que sin duda escapa al
manejo de la población local. Estos conflictos suelen incluir, entre otros, disputas intercomunales por
tierras, linderos o por el control de ciertos recursos (aguas, bosques), entre comunidades y particulares
por las mismas causas; conflictos poblaciónautoridades locales, entre otros.
Para afrontar estas disputas, los campesinos y la población andina, en general, apelan a todas las
estrategias posibles: litigios legales largos y costosos, búsqueda de padrinazgos entre las autoridades y
funcionarios públicos, tomas de tierras o locales y, en ocasiones, enfrentamientos violentos que provocan
incluso muertos. Las acciones de fuerza suelen adoptarse cuando se percibe que otros caminos y
estrategias son inciertos y las vías de negociación están clausuradas. La valoración que se haga de los recursos en disputa, el papel de los líderes comunales, la disposición mostrada por la otra parte, entre otros, son también factores a considerar, pero la violencia no es la opción preferida por la mayoría.
f) El liderazgo en los andes
En los últimos decenios, el perfil de los líderes y dirigentes locales ha ido cambiando, prefiriéndose a
aquellos con educación formal, experiencia migratoria y trayectoria organizativa. Son ellos quienes conducen
a su pueblo o comunidad, y quienes la representan en las negociaciones con actores e instituciones externas.
Esto, sin embargo, no ha implicado la desaparición de los líderes tradicionales, quienes no necesariamente
figuran hacia fuera como el caso de los llaqta taytas en varios lugares. Aun cuando no aparecen en público,
conservan un peso e importancia claves en la toma de decisiones, incluyendo la resolución de conflictos. No
es raro que el líder público vea fracasadas sus gestiones cuando actores menos públicos rechazan los
acuerdos a los que llegó.
g) Cultura política y conflictos sociales
Una última idea se relaciona con la imagen que parece predominar en el mundo andino respecto, por
una parte, al rol de las municipalidades y, por otra parte, a la presencia de la minería en el ámbito local,
dos elementos centrales en la conflictividad actual en estos espacios. Para muchos pobladores y campesinos, el gobierno local es una entidad que debería dedicarse a construir obras y administrar algunos proyectos sociales; sus competencias reales son generalmente desconocidas y las dimensiones participativas no son una preocupación central, salvo quizás para una minoría (lo que, por lo demás, ocurre también en otros ámbitos). En esta visión, un alcalde que haga infraestructura trae la modernidad a su pueblo y es
bien visto (y además genera empleo local, aunque sea temporal, independientemente de la utilidad de las
obras ejecutadas).
Las exigencias del SNIP y los requisitos para los proyectos y expedientes técnicos, son de una complejidad
innegable, cuya adecuada explicación y difusión está aún pendiente. Por ello, cuando un alcalde no
hace obras, es inmediatamente tildado de incapaz o corrupto, pudiendo desatarse un proceso para
destituirlo, que en algunos casos conlleva acciones de fuerza y hasta violencia. El aumento sustancial de los
presupuestos municipales en estos últimos años y el debilitamiento o desaparición de los partidos, ha
determinado la proliferación de agrupaciones sin consistencia orgánica, así como de intereses y
ambiciones individuales por alcanzar el gobierno municipal, lo que contribuye al desarrollo de una
nueva cultura política local que influye en las culturas del conflicto en formación.
h) Minería y cultura andina
La imagen predominante de la minoría es, como ya se ha mencionado, negativa. Sin ir muy atrás en la
historia, la memoria colectiva campesina continúa representando a las empresas mineras como se las
imaginaban hace un siglo. Por un lado, generaron empleo, pero por otro lado afectaron negativamente la
vida económica campesina, al contaminar el agua, depredar bosques o al intentar (y lograr en muchos
casos) apoderarse de las tierras comunales, mediante una serie de tácticas que los campesinos tienen
grabadas como fraudulentas y prepotentes y que, en no pocos casos, desembocaron en medidas de
represión y en dolorosas masacres. Es cierto que hoy, la nueva minería, representada por una nueva
generación de empresas nacionales y extranjeras, tiene una seria preocupación por lograr una licencia social y por los impactos sociales y ambientales de sus operaciones, habiendo creado áreas de Relaciones
Comunitarias y códigos de conducta para el comportamiento de su personal frente a las
poblaciones locales. Sin embargo, el horizonte temporal es todavía corto para apreciar resultados y
las experiencias en marcha no están aún muy difundidas.
La imagen tradicional de la minería se asocia también a la percepción de un Estado y autoridades aliados de
las empresas. Aun cuando en la actualidad, la legislación y normatividad minera y ambiental asigna
al Estado un rol promotor y regulador de la inversión privada, así como la protección de derechos de la
ciudadanía, lo que ha permitido establecer estándares mucho más estrictos en materia ambiental, cambiar
aquélla antigua idea está costando mucho esfuerzo.
Por ello, gestionar un conflicto y establecer un diálogo democrático con la población de entornos mineros
demanda conocer este trasfondo cultural de los actores locales en los andes. 1.2.2. El conflicto en la cultura urbano-popular
La cultura urbana de las clases populares peruanas es también diversa, aunque sus rasgos destacables más
conocidos se relacionan con los estratos de Lima y las principales ciudades del país. El más fuerte
componente es la cultura criolla costeña, pero también contiene elementos andinos, llegados con las
sucesivas e importantes olas migratorias hacia las ciudades. Existen también nuevos componentes como
la llamada cultura chicha y otros elementos de procedencia foránea.
La cultura urbano-popular en sus distintas variantes suele valorar altamente a la familia, a la parentela, los
afines del barrio y los paisanos del mismo pueblo. En este marco, los conflictos y diferencias internas
pueden superarse mediante acuerdos informales o el rompimiento de relaciones sociales, mucho más fácil
de ejercerse en la ciudad por la mayor autonomía e independencia de las personas, a diferencia de las
zonas rurales. Fuera del entorno familiar o la red de allegados, los conflictos son más difíciles de resolver, y
para ello se apela a acuerdos informales, litigios judiciales y medidas de fuerza, entre otros.
En sus estrategias de conflicto, las culturas urbanopopulares del país tienden a cultivar algo más la
confrontación directa; la práctica de la resistencia pasiva no es usual. A diferencia de la cultura andina,
el mundo urbano criollo puede desarrollar discusiones públicas sobre distintos temas y la idea de
la protesta como forma de defender sus derechos o familiares y parientes cercanos, de quienes se teme
que transgredan las normas y se aprovechen de la confianza que se les brinda .
Las conductas transgresoras criollas desconocen las normas y el orden formal, pero también los derechos
del prójimo. En la búsqueda de objetivos propios, no es raro que se atropelle a los demás, lo que no impide
protestar con vehemencia cuando se resulta siendo víctima. La idea es lograr lo que se busca con el menor
esfuerzo posible aprovechándose de los demás, siendo esto una fuerte barrera para la creación de una
comunidad integrada de ciudadanos.
Esta noción se asocia a otra muy generalizada: la idea de que los ricos y acomodados (las empresas, los propietarios y los ejecutivos) se quieren aprovechar del trabajo de los demás. Este patrón no es desde luego universal, pero su existencia crea dificultades para afirmar un orden social y moral legítimo en el mundourbano.
De otro lado, en este mundo criollo popular hay una visión más igualitaria y democrática de las relaciones
sociales respecto a la existente en el mundo andino rural, aunque la idea de jerarquías no parece haber
desaparecido por completo, y el racismo y las brechas étnicas siguen siendo fuertes. Persisten también las
relaciones clientelistas con autoridades, políticos y funcionarios públicos, y una visión asistencialista bastante
arraigada del Estado, al que se le reclama la satisfacción de ciertas demandas básicas (servicios, titulación
de terrenos, programas sociales). En algunos sectores minoritarios, la lisonja es vista como un recurso
para lograr el favor y la buena voluntad de las autoridades.
1.2.3. El conflicto en la cultura criolla “cosmopolita”
Es la cultura predominante entre las clases medias y altas de Lima metropolitana y de las principales
ciudades del país. Es un complejo conjunto de representaciones que incluye elementos de la tradición
criolla, pero que está abierta a otras influencias, especialmente a las provenientes del extranjero. Los estudios parecen indicar mayores afinidades horizontales entre clases medias y altas de Lima y provincias, antes que verticales, entre criollos de una misma ciudad o región, independientemente de su estrato.
Elementos centrales de esta cultura criolla es el espíritu democrático, combinado con tradiciones
jerárquicas y estamentales que, por lo demás, informan a todas las subculturas del país. Las clases
medias y altas del país se sienten superiores, no sólo en el plano económico, sino también en todos los otros, incluyendo el étnico-racial. Justamente, el racismo y el desprecio no muy oculto hacia las clases populares,especialmente a los campesinos andinos, es un elemento muy fuerte en esta tradición, aunque es justo decir que la idea no es aplicable a todo el universo.
Los criollos cosmopolitas son bastante individualistas, aunque valoran altamente la familia nuclear y la
amistad. Los de clase media consideran también valiosa la educación, especialmente la formación
universitaria y la profesión. Es además común que muchos combinen una moderna ética del trabajo y del
esfuerzo personal, con la propensión a aceptar el ingenio y la viveza criolla. Esto supone una gran
tolerancia a las conductas transgresoras, especialmente aquellas que suelen buscar un beneficio personal
con un mínimo esfuerzo, aprovechándose más bien del esfuerzo del otro, al igual que la cultura urbanopopular.
La mentalidad criolla es también bastante legalista (preocupación por guardar las formas y
procedimientos legales), rasgo que coexiste con el poco respeto por lo sustancial de las normas; hay un
uso muy pragmático de éstas en cuanto conviene a los intereses personales o de grupo, pero pueden ser
dejadas de lado si se evalúa que no son funcionales a sus intereses. Además, existe una adhesión bastante
generalizada a un discurso liberal, que exalta las reglas del mercado y propugna la reducción del
Estado. Sin embargo, este discurso no es un impedimento para que algunos busquen obtener
rentas o prebendas del Estado, si ello conviene a sus intereses.
Las representaciones del conflicto en estos grupos son tradicionales y fuertemente conservadoras; por lo
general, éste se visualiza como negativo, desestabilizador y generador de caos y desorden. En
sus opiniones y manifestaciones públicas, muchos suelen aspirar a una armonía social que supone la
completa desaparición de tensiones y disputas, aunque para ello deba recurrirse al uso de la coerción y
a la imposición del “principio de autoridad” contra las clases populares.
El imaginario de clase media y alta siente temor de que los conflictos ahuyenten la inversión, y suelen usar
con frecuencia este argumento para pedir la supresión de todo desorden social, independientemente del
costo social que ello pueda implicar. En general, hay una suerte de miedo ancestral, no muy oculto, a la
“rebelión de los indios” y a que éstos bajen a la costa a imponer su voluntad a los criollos. Estos temores
suelen agitarse en períodos electorales ante la eventualidad del triunfo de un candidato al cual
perciben como amenaza.
Muchos explican los conflictos como producto de agitadores (comunistas o radicales), que lo único que
buscan es subvertir el orden y manipular a la gente con fines subalternos. No es raro encontrar opiniones sobre un pueblo ignorante, incapaz de iniciativas propias, y que sólo puede ser manipulado. Hay aquí
una suerte de desprecio frente a la capacidad de los sectores populares, alimentado por los prejuicios
étnicos y raciales ya mencionados.
Estas ideas permiten entender que, frente al desencadenamiento de tensiones y disputas, se reclame represión, aunque también se acepta dar algunas concesiones y practicar ciertas políticas clientelistas. Junto a estas nociones, podemos encontrar sectores minoritarios que manejan una visión diferente, más moderna y democrática; son aquéllos que comparten la idea de que los conflictos no siempre y en todo momento son negativos, que es necesario tratar de entenderlos, y además es posible negociar y resolverlos en un marco democrático, sin recurrir a la coerción que otros reclaman. Esta visión existe también en ciertos sectores populares, y permite a la larga, transformar situaciones de tensión y caos en oportunidades de desarrollo para el país.
El enfoque y las estrategias de la ONDS se orientan a la prevención y la solución pacífica de los conflictos
sociales en un país con gran diversidad cultural como el nuestro. Esto obliga a tomar en cuenta e integrar esta dimensión en los contenidos y prácticas institucionales, lo que pasa por conocer y profundizar
en elementos culturales como los antes presentados, a fin de avanzar en la comprensión de las distintas
culturas del conflicto existentes e incorporar estos avances en una visión de conjunto.
1.3. Algunas perspectivas
La construcción de un enfoque que privilegie el diálogo democrático entre los distintos actores
sociales y políticos involucrados en las diferencias, controversias y conflictos demanda sin duda una
lógica intercultural en el análisis, la prevención y la gestión de los mismos. El acercamiento al tema va en
ese sentido.
Una breve mirada a la diversidad cultural peruana brinda un conjunto de lecciones para quienes estamos
involucrados en el tema. Así, es destacable constatar la existencia de distintas maneras de concebir y de
afrontar el conflicto en los principales grupos socioculturales. En la población andina, especialmente
campesina, las tensiones y conflictos internos a la comunidad o pueblo se abordan apelando a
mecanismos propios y tradicionales. Para resolver los que se suscitan con actores externos se apela a varias
estrategias ya mencionadas (largos litigios legales, búsqueda de padrinazgos y uso de relaciones
clientelísticas, movilizaciones). En la cultura urbanopopular, los conflictos se resuelven negociando o con
estrategias de confrontación, mientras que en la cultura urbana cosmopolita, suele creerse que la
solución reside en la aplicación estricta de las leyes y normas vigentes, apelando de ser necesario a la fuerza
pública.
La desconfianza es un rasgo firmemente instalado en todas las culturas del país; la gente no cree en las
instituciones, en las autoridades, los políticos ni en los liderazgos y dirigencias sociales. Esto explica en gran
medida los déficits de legitimidad del sistema político, el desapego a las leyes y normas vigentes y lo difícil
que resulta solucionar un conflicto con la sola expedición de una norma; ignorar esto es desconocer
la realidad del país.
La desconfianza contribuye a crear temores y actitudes defensivas en la gente, dificultando el
establecimiento de relaciones abiertas y francas y, por tanto, el entendimiento mutuo. Es equivocado creer
que explicaciones racionales y técnicas disiparán estos miedos. Generar confianza para resolver un conflicto
demanda un conjunto de acciones, entre ellas, consensuar normas que incorporen las aspiraciones y
demandas sociales, proteger los derechos ciudadanos, y respetar consistentemente la aplicación de las reglas de juego. Una lección importante de esto es la necesidad de desarrollar estrategias que contribuyan a
crear un clima de confianza mutua que facilite el diálogo y pueda crear condiciones para superar los
déficits de credibilidad y legitimidad de actores sociales e institucionales.
La “resistencia pasiva” es un elemento a tener siempre en cuenta; el ciudadano promedio en los Andes no
suele discutir en público, menos aún con autoridades y funcionarios, o con gente a la que reconoce como
instruida. Además, no interviene en las asambleas, lo que no significa que esté de acuerdo con sus resultados o le sean indiferentes. Los que piensen que en el Perú andino quien calla otorga, cometen un serio error que puede traer graves consecuencias si de resolver conflictos se trata.
Si la población no se siente comprometida con los acuerdos, apelará a diversas estrategias para
obstaculizar su cumplimiento, en el típico estilo de una resistencia pasiva. Hay una larga experiencia al
respecto, especialmente en conflictos por minería, donde algunas audiencias y talleres informativos que
otorgaron la licencia social, fueron posteriormente desconocidos con el apoyo de muchos de los
asistentes, quienes no habían intervenido en el transcurso de los eventos. Esto plantea la necesidad de
revisar el diseño de los espacios colectivos donde se recogen las opiniones y toman decisiones, a fin de hacerlos más inclusivos y participativos, limitando así las ocasiones para el ejercicio del tradicional estilo. La
consideración de este rasgo es clave para el entendimiento de actitudes y conductas de muchos sectores
sociales y para diseñar estrategias que lo incorporen adecuadamente.
La visión jerárquica y estamental, al lado de valores democráticos e igualitarios es una coexistencia
evidente en el mundo andino; la edad, el género, la ruralidad, la educación y el nivel de vida son algunos
factores que influyen en el predominio de una u otra vertiente. Quienes aborden el tratamiento de los
conflictos no pueden obviar estos elementos, ya que informan distintos estilos y estrategias de diálogo,
confrontación o negociación.
El tratamiento de los conflictos en el mundo andino demanda también entender que las personas están
insertas en redes sociales más allá de su familia nuclear, pero sin llegar a constituir organizaciones
comparables a las comunidades campesinas o gremios. Estos se intersectan y sobreponen con
aquellas, en un entramado complejo que moviliza lealtades primarias a favor o en contra de ciertos
individuos o facciones, lo que da lugar a alianzas y rivalidades que inciden en la conflictividad. Una
visión urbana y moderna, que tiende a ver a los individuos de manera aislada, tiene que revisar sus
enfoques para entender mejor lo que pasa en el país.
Los enfoques acerca del conflicto, modernos y construidos en base a una óptica liberal, que asume la
existencia de individuos con capacidad de tomar decisiones en base a cálculos racionales de costo
beneficio, no siempre ayuda a comprender la lógica de ciertos actores, especialmente allí donde las familias
rurales, dedicadas por generaciones a la actividad agropecuaria, encuentran inviable vender sus activos
y migrar sin certidumbre acerca de su futuro.
Los liderazgos populares andinos son también claves de entender, especialmente en ámbitos donde han
emergido nuevas generaciones escolarizadas, con experiencia migratoria y organizativa, quienes
estarían contribuyendo a cambiar los estilos tradicionales y las mismas “culturas del conflicto”
vigentes, sin que desaparezcan viejas prácticas ni líderes mayores y menos visibles, pero con influencia
suficiente para cambiar o cuestionar los acuerdos pactados por los primeros.
Una nota final sobre la presencia de activistas y grupos de izquierda; como se sabe, existen una gran variedad de organizaciones pequeñas y bastante diseminadas en el país, incluyendo zonas rurales pobres y áreas urbano-populares. Algunas son de izquierda moderada y democrática; otros tienen un discurso
radical y están presentes en organizaciones y movimientos sociales, aunque aceptan las reglas
democráticas de juego; un tercer grupo está vinculado a sectores violentistas que aun son minúsculos. En los
primeros dos casos, el problema de fondo reside en los factores que les permiten alcanzar la hegemonía en la conducción de algunos movimientos sociales, lo que se explica en gran medida por los errores, ausencias o deficiencias de otros actores (intransigencia de autoridades y funcionarios públicos y de empresas
ante líderes moderados, a los que restan legitimidad).
El Estado está integrando progresivamente la dimensión cultural en la planificación de sus
intervenciones. El enfoque de prevención necesita esto, especialmente cuando las tensiones no han
escalado y se encuentran en diferencias de opinión o posiciones, muchas de las cuales se producen en el
discurso.
La ONDS espera abrir una reflexión en torno al tema aquí tratado pues se trata de un asunto decisivo para
un trabajo exitoso, más aún considerando que muchos de los conflictos desencadenados, son con frecuencia alimentados o agudizados por las dificultades y
desencuentros culturales de los actores involucrados.  Fuente: Willaqniki 3 - Informe de diferencias, controversias y conflictos sociales. Elaborado por Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad - ONDS

Presidencia del Consejo de Ministros de la República del Perú - PCM.
Lima, febrero 2013

10 febrero 2013

Situación Medio Ambiental del Perú al 2012

El Perú es uno de los diez países de mayor
diversidad biológica del mundo. Esta megadiversidad se expresa a través de ecosistemas, especies y recursos genéticos muy variados, que coexisten con pueblos originarios que han desarrollado una importante diversidad cultural. Veamos algunas cifras: 84 de las 117 zonas de vida del planeta; segundo lugar en diversidad de aves, con 1 816 spp; 128 de las áreas más importantes para la observación de aves (IBAs); quinto lugar en especies de mamíferos, con 515 spp; quinto lugar en especies de reptiles, con 418 spp; cuarto lugar en especies de anfibios, con 449 spp; primer lugar en especies de peces, cerca de 2 000 spp de aguas marinas y continentales, 10% del total mundial; octavo lugar en especies de plantas con flor, con 25 000 spp; primer lugar en especies de mariposas con 3 532 spp; y alberga alrededor del 10% del total de orquídeas del mundo.
De esta manera, la conservación y uso de la biodiversidad se constituye en componente fundamental de las propuestas de desarrollo sostenible. En tal sentido, es importante que el crecimiento económico se encuentre armonizado con el cuidado del patrimonio natural, integrando el uso del territorio y los recursos naturales en un marco general de sostenibilidad que permitan beneficiar a todos los peruanos y peruanas de hoy, sin hipotecar el futuro y la calidad de vida de las nuevas generaciones.
Por ello es de vital importancia priorizar la conservación de nuestros recursos naturales y la biodiversidad, estableciendo medidas especiales, promoviendo la participación y el compromiso de la sociedad peruana, establecer e implementar mecanismos para su conservación, entre las cuales las Áreas Naturales Protegidas – ANP, juegan un rol preponderante.
El SERNANP, ha identificado los siguientes efectos que afectan a las Áreas Naturales Protegidas: Pérdida de hábitat, Sobre uso de recursos, Contaminación y Desplazamiento de especies nativas por introducción de especies exóticas, descritas en la Metodología de efectos por actividad.
El Perú, como país que forma parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica - CDB10, se comprometió a que sus acciones de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica a nivel nacional contribuyan con el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011- 2020 y las Metas de Aichi, aprobadas en el año 2010, dicho instrumento es un marco de acción de diez años para todos los países ya que la diversidad biológica sostiene el funcionamiento de los ecosistemas y proporciona servicios de los ecosistemas esenciales para el bienestar humano.
Deforestación y tala
La tasa de deforestación entre 1990 y 2000 fue aproximadamente de 150 000 ha/año representando un costo anual de casi 440 millones de soles o US$ 130 millones.11 Al año 2010, existían 628 360 ha de bosques certificados, de las cuales 246 732 ha son bosques manejados comunalmente12.
En la amazonia, debido principalmente a la agricultura migratoria, se habría generado un cambio de uso de 150 000 ha/año con una generación consecuente de 57 millones de Toneladas de CO2 equivalente13.
Al año 2000, se estimó que la superficie de bosque amazónico remanente era de 69 millones de ha14. Más recientemente, en el periodo del 2009 al 2011 en el país se habría deforestado aproximadamente 212 mil hectáreas; siendo San Martín, Loreto, Ucayali y Huánuco, las regiones con mayor tasa de deforestación15.
Sin embargo, es preciso señalar que existen otras formas de afectación a la biodiversidad como la sobre explotación de recursos naturales especialmente en el caso de fauna silvestre, los problemas derivados de la contaminación y del desplazamiento de las especies nativas por especies exóticas, el cambio climático, entre otros.
Zonas de agrobiodiversidad
El marco legal vigente, como la Ley Nº 26839 – Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica y su Reglamento (aprobado por Decreto Supremo N° 068-2011-PCM), establece entre otros, la conformación y reconocimiento de las zonas de agrobiodiversidad como un mecanismo de conservación in situ. Los pueblos indígenas podrán constituir estas zonas como Áreas de Conservación Privadas descritas en la Ley Nº 26834 - Ley de Áreas Naturales Protegidas – ANP y su Reglamento. A la fecha, no se cuenta con norma específica en relación de las zonas de agrobiodiversidad, por lo tanto éstas aún no han sido constituidas.
En tal sentido, existen importantes avances en relación a la conservación de la biodiversidad, como es el caso de la ANP, donde se ha manifestado además del crecimiento del SINANPE, la ampliación de las Áreas de Conservación Regional y Áreas de Conservación Privada que registra un crecimiento importante en los últimos años, alcanzando un poncentaje de superficie terrestre protegida por ANP de 16.93% al 201216, en tanto en el 2010, este porcentaje fue de 15% de la superficie nacional17.
Sistemas de producción sostenible: biocomercio18 y econegocios
La diversidad biológica constituye importante fuente para el biocomercio, el cual registró un importante crecimiento en los últimos diez años; pasando las exportaciones de productos nativos en el 2000 de un valor de US$ 67,4 millones; a US$ 153,8 millones en el 2009. Igualmente, los bionegocios registran una tendencia creciente.
Evaluación y Valoración del Patrimonio Natural
Para promover la gestión estratégica del patrimonio natural primero se requiere conocer qué se tiene y en qué estado se encuentra, información que se obtiene a través de inventario y evaluación. En la actualidad se cuenta con algunos lineamientos metodológicos orientados a estandarizar los procesos y procedimientos para realizar inventario y evaluación del patrimonio natural, entre los que se puede señalar el “Mapa Nacional de Cobertura Vegetal del Perú al 2009”, la “Guía de Evaluación de Fauna Silvestre” y la “Guía de Evaluación de Flora Silvestre” (en proceso de elaboración). Asimismo, el MINAM conjuntamente con el Ministerio de Agricultura (MINAG) y el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), ha iniciado el Proyecto “Inventario Nacional Forestal y Manejo Forestal Sostenible del Perú ante el Cambio Climático”.
La valoración económica es una herramienta que consiste en evidenciar los beneficios de los bienes y servicios de los ecosistemas; así como su degradación. Para orientar este proceso se encuentra en elaboración los “Lineamientos de Valoración Económica de Impactos Ambientales” y la “Guía Nacional de Valoración Económica del Patrimonio Natural”.
Asimismo, la inclusión y análisis de la variable ambiental en las cuentas nacionales, genera el desarrollo de las cuentas ambientales, la cual permite medir la interrelación entre el ambiente y la economía evidenciando la contribución del patrimonio natural al bienestar económico, así como los costos ocasionados por el agotamiento y degradación de éste y los generados por la contaminación ambiental. A la fecha se vienen realizando estudios que contribuyen en el proceso de elaboración de las cuentas ambientales en el país; asimismo, se ha logrado modificar el clasificador funcional en materia ambiental. Por otro lado, se viene desarrollando el Proyecto “Las Cuentas Ambientales en el Perú” aprobado en la X Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica Perú-México, en el que se ha priorizado para una primera etapa la elaboración de las cuentas de gastos de protección ambiental, la cuenta de agua y la cuenta de bosques.
Entre los mecanismos que permiten la conservación de los servicios ecosistémicos, se encuentra el esquema de Retribución por Servicios Ecosistémicos (RSE), que se viene consolidando con la propuesta del “Proyecto de Ley de Promoción de Mecanismos de Retribución de Servicios Ecosistémicos”.
En cuanto a la compensación ambiental, se cuenta con una propuesta de “Directiva de Compensación Ambiental” a fin de asegurar y mantener el stock neto del patrimonio natural para su aprovechamiento sostenible. Asimismo, se cuenta con una propuesta de “Lineamientos para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública relacionados a los Servicios Ecosistémicos y la Diversidad Biológica - SNIP VERDE”, a fin de promover la inversión en capital natural.
Cambio Climático
Mitigación y Adaptación al cambio climático
El Perú, por sus características geográficas, es especialmente vulnerable a las variaciones del clima y a los riesgos de desastres que los fenómenos naturales ocasionan por sus consecuencias en la salud de las personas, en el patrimonio natural y en la infraestructura en general; por ende en el desarrollo sostenible. En este sentido, la adaptación al cambio climático es prioritaria para el país.
Los costos estimados de los impactos producidos por el cambio climático, superan largamente las inversiones en prevención y reducción de riesgos requeridas, dado que sus consecuencias se dan principalmente en la población en situación de pobreza; siendo las actividades agropecuarias las más afectadas por fenómenos naturales y antrópicos.
El Perú dispone de un importante capital natural para la provisión de servicios ambientales incluyendo el agua, el patrimonio forestal, los recursos marinos, la diversidad biológica y los recursos genéticos; que sin embargo, está amenazado por diversas causas tanto naturales como antrópicas, y en particular por los efectos del cambio climático.
La alta diversidad geográfica, biológica y cultural de su territorio hace de nuestro país, altamente sensible a los potenciales efectos negativos del cambio climático. Los retos a enfrentar incluyen: la ubicación de al menos el 80% de la población en la franja desértica costera y las montañas andinas, ambas zonas altamente sensibles a los efectos del cambio climático; el 62.4% de la población debe ser abastecida con tan sólo el 1.8% de los recursos hídricos disponibles; alrededor de un 15% del PIB y 33% de la Población Económicamente Activa – PEA estén asociados a actividades económicas sensibles al cambio climático como agricultura, ganadería, pesca, minería, energía y agua; y los niveles de exposición al riesgo climático están entre los más altos del mundo.
Estudios respecto del costo económico que el cambio climático podría tener en la economía peruana, estiman un impacto negativo potencial, en un escenario sin políticas de atención al tema, de entre 1% y 4% del PIB al año 203019 y entre 3% y 20% para el año 2050, lo cual resulta coincidente con los resultados del estudio Stern y con investigaciones similares realizadas para otros países de la subregión andina.
La problemática principal en el tema está asociada a altos grados de incertidumbre acerca de la evolución futura del clima en el mediano y largo plazo, especialmente a escala regional y de cuencas; limitado conocimiento sobre los impactos, actuales y potenciales, del cambio climático en actividades productivas clave; fuerte crecimiento en los niveles de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), como resultado de un crecimiento económico sostenido pero sin mejoras en la gestión de recursos de la tierra y cobertura forestal, e ineficiencia en el uso de la energía y alto nivel de vulnerabilidad de sectores clave (agua, agricultura, ganadería, pesca, generación eléctrica, entre otros) a los potenciales efectos negativos del cambio climático.
Si bien el Perú no es un gran emisor de GEI en cifras absolutas, presenta emisiones comparables a países con PBI mayores, que ya han logrado desacoplar su crecimiento económico al crecimiento paralelo de sus emisiones.
El proyecto “Planificación ante el Cambio Climático” (Plan CC), presenta una primera aproximación de las emisiones de GEI en el país a nivel nacional al año 2009, que comprende el cálculo preliminar de emisiones que se genera en cinco sectores o categorías: Energía (incluido Transporte), Procesos Industriales, Agricultura, Residuos, y finalmente Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura (USCUSS). Los resultados obtenidos revelan que las emisiones de GEI al 2009 ascienden a 146,783 Gg de CO2eq reflejando un incremento (21%) con respecto al 2000, lo cual se explica principalmente por el aumento en la producción, crecimiento poblacional, el cambio en la matriz energética, entre otros factores.
Sobre la temática de bosques y cambio climático el MINAM viene diseñando la Estrategia Nacional REDD+ con el objetivo de contribuir a reducción de emisiones por la deforestación y degradación forestal y contribuir con el manejo sostenible de los bosques, promover la conservación de los bosques e incrementar las reservas de carbono.
Asimismo, se busca diseñar Medidas Nacionales Apropiadas para la Mitigación (NAMA, por sus siglas en inglés), que son acciones que contribuyen a la reducción de emisión de GEI, apoyándose en políticas, regulación, incentivos, programas y proyectos, que además contribuyan al desarrollo sostenible del país. Se ha iniciado el diseño de NAMAs para la Gestión Integrada de Residuos Sólidos, uso de la Bioenergía y eficiencia energética en la producción de materiales de la construcción.
Por otro lado, el MINAM está concentrando sus acciones en elaborar una Red Nacional de Generación de Datos para Inventarios de GEI denominada “INFORMAGEI”, la cual permitirá la recopilación de información y elaboración periódica de los inventarios nacionales de GEI y así superar las barreras de acceso a la información.
En los temas de adaptación, las necesidades principales están vinculadas a la disponibilidad de información técnica de apoyo a la toma de decisiones. Por ejemplo, existe limitado número de escenarios climáticos a nivel cuencas, lo que dificulta la planificación de medidas concretas de adaptación; la limitada coordinación y cooperación entre diferentes instituciones con mandatos compartidos y complementarios, lo que unido a la disponibilidad limitada de financiamiento dificulta la generación y aplicación de instrumentos de gestión; y, el bajo nivel de transversalización del enfoque de cambio climático en algunos sectores altamente vulnerables como por ejemplo minería y salud.
El Perú, ha avanzado en la identificación de prioridades y áreas críticas, y se ha realizado diversos trabajos e investigaciones orientadas a identificar y caracterizar los sectores, ecosistemas y áreas vulnerables del territorio nacional. Las evaluaciones de vulnerabilidad y adaptación han considerado dos enfoques: el sectorial, relacionado a sectores económicos y recursos naturales específicos; y el geográfico, relacionado a cuencas hidrográficas y regiones geopolíticas.
Actualmente se cuenta con una propuesta de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y con nueve Estrategias Regionales de Cambio Climático aprobadas en Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Loreto, Lambayeque, Junín y Piura. Asimismo, seis regiones y cuatro sectores (agua, agricultura, energía y transporte) cuentan con análisis de vulnerabilidad actual y futura frente al cambio climático.
Salud de las personas y Calidad Ambiental
Disponibilidad y calidad del Agua
Si bien el Perú cuenta con una gran cantidad de lagos, lagunas, ríos, quebradas, etc.; aproximadamente el 30% de las cuencas hidrográficas se sitúan en zonas áridas, semiáridas y sub-húmedas secas, sometidas a diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas; existiendo una distribución asimétrica del agua. Entre las causas que afectan la disponibilidad y calidad del agua, podemos mencionar: el escaso tratamiento de los efluentes o aguas servidas, el incremento del estrés hídrico en la zona costera, la limitada implementación de un sistema de gestión integrada de las cuencas, (al 2011 existían sólo dos Consejos de Recursos Hídricos conformados, el Chira-Piura y el Chancay-Lambayeque), la escasa eficiencia del riego, la débil aplicación de políticas y estrategias multisectoriales de recuperación de cuencas muy deterioradas.
El deterioro de las cuencas altas de los ríos es extremadamente grave en la sierra y en la selva alta, debido a los niveles de deforestación, de destrucción de la cobertura vegetal, de erosión laminar y contaminación urbana y minera 20. Así, en el caso de la cuenca del Rímac, los 62 vertimientos entre aguas residuales mineras, industriales y domésticas representan un caudal total de 3.188 litros/seg (más de 100 millones de m3 al año) y adicionalmente se arroja en esta cuenca la basura de 22 botaderos identificados, equivalentes a 20 toneladas por día.21 A ello se suma el riesgo de deslizamiento hacia el río Rímac de relaves mineros depositados en San Mateo de Huanchor (Huarochirí), a 90 km de Lima.
El país, por los niveles de deterioro alcanzados, ha priorizado la intervención en 10 recursos hídricos : Bahía Ferrol, Río Rímac, Río Mantaro, Lago Titicaca, Río Chili, Río Chillón, Río Santa Rosa, Río Hualgayoc, Río Vilcanota, y Río Madre de Dios.
Según lo reportado por la Autoridad Nacional del Agua - ANA, la disponibilidad hídrica total de aguas superficiales y subterráneas al año 2008, se estimaba en 1 768 172 Hm3 (millones de metros cúbicos), de los cuales el 80% correspondía a uso agrario. En los últimos, 35 años se ha perdido el 22% del agua, estimándose que los glaciares ubicados debajo de 5,500 msnm podrían desaparecer al 2015, con las subsecuentes consecuencias en la disponibilidad de agua.
El escaso tratamiento de los efluentes o aguas servidas, el inadecuado manejo de residuos del ámbito municipal, industrial, hospitalario, etc, los lixiviados provenientes de algunas actividades informales, tales como la minería22, determinan niveles de contaminación que inciden en la salud de las personas23.
Calidad de Aire
El deterioro de la calidad del aire, se debe a las emisiones provenientes de las fuentes móviles como el transporte y de las actividades productivas y extractivas. Entre las principales causas de la contaminación del aire, se pueden señalar la presencia de combustibles fósiles en la matriz energética del país y la limitada implementación de tecnologías limpias en las actividades productivas, debido a variables de orden tecnológico y económico que impiden disminuir las emisiones y mejorar la calidad del aire.
El país ha priorizado la implementación de acciones para la mejora de la calidad del aire en 31 ciudades capitales, contándose con Planes de Acción para la mejora de la calidad del aire en trece zonas de atención prioritaria: Arequipa, Chiclayo, Chimbote, Cusco, Huancayo, Ilo, Iquitos, La Oroya, Lima – Callao, Pisco, Piura, Trujillo, Cerro de Pasco; de las cuales, dos están formulando su línea base y una se encuentra en proceso de revisión de su plan; y, en las dieciocho restantes se está formulando sus planes de acción. El 53.6% de la población del país ha sido beneficiada con las medidas de control implementadas. En el Perú se cuenta con seis redes de monitoreo de calidad del aire.
La normatividad actual que regula la calidad del aire en el país resulta todavía insuficiente y muy dispersa, y es de menor rango que otras normas que propician actividades de orden productivo y de servicios, razón por la cual resulta necesario contar con una norma con rango de Ley que regule la gestión de la calidad del aire y protección de la atmósfera en el país, de tal forma que no sólo se regule la contaminación química del aire ambiental, sino también la contaminación ambiental generada por agentes físicos (ruido, radiación electromagnética) que se transmiten a través del aire.
Cabe señalar que Lima Metropolitana, el distrito de Sabandía de Arequipa y la provincia de Cajamarca cuentan con regulación aprobada para el control de ruidos molestos. Asimismo, se cuenta con el Reglamento para la Implementación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido (Decreto Supremo N° 085-2003-PCM).
Degradación y contaminación de suelos
Los niveles de desertificación y degradación de la tierra24 en el país son elevados, comprometiendo el 27% del total de la superficie del territorio nacional que significa un total de 34 384 796 ha. Este total se distribuye en 3 862 786 ha desertificadas (3% de la superficie total del país) y 30 522 010 ha en proceso de desertificación (24% del territorio nacional). De acuerdo a la Evaluación Mundial de la Degradación de la Tierra y Manejo Sostenible (GLADA, por sus siglas en inglés), sólo entre 1981 y el 2003 en el Perú se degradaron unos 19 271 100 ha, es decir, el 15,3% del territorio. La tasa simple de degradación llegó al 4,5% anual, afectando casi al 11% de la población del país. De continuar este ritmo de degradación, al 2 100, el 64% del territorio del Perú estará afectado por procesos de esta naturaleza, lo que incluye a la Costa y Sierra que constituye el 38% del territorio nacional, donde se asienta el 88% de la población y se desarrollan actividades agrarias que generan el 9% del PIB, 30% de la PEA, 9% de las exportaciones y casi la totalidad de actividades mineras e industriales.
La degradación de la tierra fue reconocida como un problema ambiental serio y su manejo sostenible como uno de los retos más importantes para la producción de alimentos, el abastecimiento y conservación de agua en el siglo 21 (Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo 2002, Sudáfrica). Luego de 20 años, en la Cumbre de Rio +20, se destaca la importancia de la Tierra como base para la implementación sinérgica de las Convenciones de Rio (CMNUCC, CDB, CNULD25). Se considera al carbono orgánico del suelo, uno de los principales reservorios globales de carbono según la CMNUCC, además del elemento básico para la vida en los suelos; y, por lo tanto existe una estrecha relación entre los niveles de carbono orgánico del suelo / calidad y la diversidad biológica esto en relación al CDB. El carbono orgánico del suelo es un buen indicador de los procesos de desertificación, ya que está estrechamente relacionada con la temperatura y la humedad.
Residuos sólidos
La generación de residuos sólidos ha experimentado en los últimos años un incremento significativo, asociado al crecimiento económico, estimándose una generación diaria de 23,260 toneladas26.
La gestión integral de los residuos por parte de las autoridades locales es aún insuficiente, llegando a afectar la salud de la población en varias partes del país. Dicha situación se manifiesta en que sólo se dispone en rellenos sanitarios el 38% del volumen de los residuos generados. Actualmente, sólo existen ocho rellenos sanitarios autorizados en el país, por lo que la mayoría de ciudades en el país, traslada sus residuos a botaderos. Además, se persiste en prácticas inadecuadas, como la quema de los residuos sólidos con la finalidad de disminuir el volumen y el uso de áreas para botaderos; asimismo, en éstos lugares se realiza la segregación informal de residuos sólidos y la crianza de cerdos que son alimentados con restos de alimentos, generándose un grave riesgo a la salud de la población.
Cabe señalar que 144 Municipalidades cuentan con Programas de Segregación en la fuente, en concordancia con el Programa de Modernización Municipal 201127. En el Perú se estima que hay 108 595 recicladores a nivel nacional; de los cuales, 4 737 están asociados a 127 organizaciones.28
Respecto a los residuos peligrosos29 el estado y la población tiene un limitado acceso a la información sobre la generación, manejo y disposición final de estos residuos, lo cual limita el accionar eficiente y adecuado del estado, para prevenir potenciales riesgos a la población y al ambiente (Anexo 4).
Fuente: AgendAmbiente Perú 2013-2014 - Agenda Nacional de Acción Ambiental - Ministerio del Ambiente.

15 enero 2013

Breve contexto económico y social del Perú 2013

El país ha conseguido una estabilidad macro económica que se expresa en el crecimiento sostenido del Producto Bruto Interno (PBI), que se proyecta en 2.6 veces entre 1990 y el 2015, la reducción de la deuda pública y en el mantenimiento de los niveles de inversión5. Durante los últimos cinco años6, el PBI creció a tasas por encima del 7.0% anual, y el conjunto de indicadores macroeconómicos perfiló un comportamiento positivo. Así, la inflación se mantuvo baja, el sol se fortaleció frente al dólar, la balanza comercial mostró balances positivos (habiendo aumentado significativamente tanto las exportaciones como las importaciones); y la presión tributaria se mantuvo constante (Anexo 3).
Las perspectivas para el período 2013-2014, son las de mantenerse como la economía de mayor crecimiento en la región y crecer a tasas sostenidas, en torno del 6% anual. El reto es evitar que el Perú enfrente una desaceleración en su ritmo de crecimiento. El crecimiento de mediano plazo estará liderado por la inversión privada, la cual podrá materializarse en la medida que se concreten importantes proyectos de inversión anunciados para los próximos años; estimándose que los principales se concentrarán sobre todo en los sectores minería e hidrocarburos, electricidad e industria y en proyectos de infraestructura concesionados.
Lo antes señalado, impone una serie de importantes desafíos a la política pública que implica la adopción de medidas destinadas a elevar la competitividad y productividad, a través de: i) mejora sustancial del capital humano; ii) reducción de la brecha de infraestructura a través de asociaciones público-privadas; iii) simplificación administrativa; iv) impulso a la innovación tecnológica; v) diversificación de la oferta productiva; vi) mayor profundización financiera y desarrollo del mercado de capitales; y viii) diseñar acciones de sostenibilidad ambiental. El futuro comportamiento de las inversiones privadas y también públicas, demandará del sector ambiental un fortalecimiento de sus labores fiscalizadoras y reguladoras.
Por otro lado, en la dimensión social del desarrollo, son fundamentales los indicadores de población, pobreza y cobertura de los servicios públicos.
Según los resultados del Censo Nacional de Población del 2007, el Perú tenía una población compuesta por 27 412 157 personas, estimándose que al 2012, ésta asciende a 30 135 8757. Por otra parte, se aprecia que la estructura poblacional del país se está transformando, pues en el área urbana la población menor de 14 años está disminuyendo, mientras la población en edad de trabajar se está incrementando. Este fenómeno, conocido como bono demográfico, constituye una fortaleza para el país.
En un marco de estabilidad macroeconómica, el crecimiento económico sostenido de los últimos años contribuyó significativamente a la reducción de la pobreza, principalmente de las zonas y sectores más articulados a la dinámica de la economía, sin embargo, aún se mantienen excluidos a importantes segmentos de la población, especialmente de las zonas rurales. La pobreza se ha reducido a través de dos vías: mediante el aumento del empleo (que ha incrementado el ingreso de los hogares) y los mayores ingresos fiscales, que han permitido financiar un mayor gasto social en apoyo a la población más vulnerable.
Sin embargo, la permanencia de brechas sociales, principalmente en territorios donde se conjugan el aprovechamiento de los recursos naturales y las expectativas de las poblaciones rurales con elevados signos de exclusión social y económica por conseguir beneficios concretos y mejorar sus condiciones de vida, se expresa en un aumento de conflictos socioambientales. Al respecto, es preciso señalar que el Gobierno tiene como una de sus metas principales la reducción de la pobreza y de las brechas sociales que son causa de los conflictos ambientales y no ambientales.
El escalamiento de conflictos registra una tendencia creciente en los últimos años. Las regiones afectadas pasaron de 12 en el 2006, a 15 en el 2007; 19 en el 2008; 23 en el 2009 y en el 2010 abarcaron las 24 regiones del país. También se evidencia una mayor intensidad de los conflictos, con aumento de las acciones de violencia, que conllevan elevados costos sociales, económicos y políticos.
La creación de la nueva Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM es parte del esfuerzo institucional del gobierno para impulsar el diálogo como mecanismo para lograr el entendimiento entre los ciudadanos, las empresas y el Gobierno. Asimismo, se busca impulsar una cultura de diálogo entre el Estado, los partidos políticos, la sociedad civil y el empresariado.
El primer reporte de la citada oficina, señala que el mayor número de conflictos sociales tienen origen en la actividad minera (38.1%) seguidos por las actividades de hidrocarburos y minería informal (15.2%) y actividades agrarias, que incluyen producción de hoja de coca, concesiones forestales, reservas comunales y territoriales y áreas naturales protegidas (12.1%). Las regiones con mayor número de conflictos son: Loreto, Cusco, Junín, Ancash, Cajamarca, Puno9.
La paz social del territorio nacional se ha visto afectada por la presencia de diversos conflictos socio ambientales, muchos de los cuales han creado situaciones de violencia no deseada, que ha generado costos económicos, sociales y políticos, que requieren un manejo adecuado a fin de asegurar las condiciones de viabilidad económica y la gobernabilidad del país.
En este contexto es relevante que nuestras acciones y respuestas consideren la diversidad cultural del país: más de 14 familias etnolingüísticas, 72 grupos étnicos y al menos 44 etnias distintas, de las cuales 42 se encuentran en la Amazonía. Existencia de 4 101 590 pobladores indígenas, que constituyen más de 1 500 comunidades.
Al respecto con la creación del Ministerio de Cultura, se está trabajando sobre la reducción de las desigualdades correlacionadas con los factores étnicos y culturales, en nuestro país, demandan un accionar coordinado de las distintas entidades públicas. No obstante, los esfuerzos sectoriales orientados a atender a la población indígena en el respeto a sus derechos, así como la afrodescendiente, carecen de una plataforma institucional que garantice la articulación intersectorial e intergubernamental.
Fuente: AgendAmbiente Perú 2013-2014 - Agenda Nacional de Acción Ambiental - Ministerio del Ambiente.