Comedores populares en San Juan de Lurigancho (Lima)

Los primeros comedores populares de San Juan de Lurigancho surgieron en 1980, ubicándose alrededor del AA.HH. Huáscar en la zona de Canto Grande. Los antecedentes de estos comedores son los primeros programas de OFASA y ONAA, que entregaban alimentos a las mujeres a cambio de realizar trabajos comunales (limpieza de calles, por ejemplo). A fines de 1985, el número de comedores en el distrito llegaba a tan sólo 18. Su establecimiento dependió básicamente del esfuerzo de sus integrantes y del apoyo que recibieron de algunas instituciones privadas y de ayuda social (especialmente las agencias de cooperación internacional ya mencionadas), sin intervención alguna del gobierno.
Un paso siguiente consistió en la coordinación entre comedores del mismo distrito. Como señala una de las socias entrevistadas: "comprendimos la importancia de no estar aisladas, que había que conocerse, intercambiar experiencias". Hacia mediados de 1986 las primeras representantes distritales asistieron a un encuentro de comedores organizado por la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS). Este evento es resaltado incluso en la introducción de los estatutos de la central, pues al parecer fue el primer momento en que pudieron compararse con sus homólogas de otros distritos, como Comas por ejemplo, que se presentaban "mejor organizadas". Este hecho motivó a las representantes proponer la creación de una central de comedores distrital. El 31 de octubre de 1986 se fundó la Central de Comedores Autónomos de San Juan de Lurigancho y con ello se inició la primera directiva distrital.

A partir de la crisis económica del gobierno aprista (1988), los comedores populares se multiplicaron a lo largo del distrito. El tamaño creciente de la organización dificultaba la eficiencia y rapidez de las coordinaciones, lo que determinó, en 1989, la formación de cuatro comités zonales, dividiéndose geográficamente el distrito en cuatro zonales (baja, media, arenal y alta). Posteriormente, se crearía una nueva zonal en Campoy.

A partir de ese año se nombraría dirigentas no sólo a nivel distrital, sino también zonal. En 1987, el gobierno de Alan García, a través del recientemente formado PAD (Programa de Asistencia Directa), promovió la creación de clubes de madres que tenían, entre una de sus principales funciones, la preparación de alimentos en sectores de extrema pobreza.
Bajo este marco legal se crearon un conjunto de organizaciones en los distritos urbano-populares de Lima metropolitana, con derecho al acceso al programa de asistencia laboral PAIT, y a la entrega de subsidios que solían
concretarse en ayuda económica directa. Desde ese año hasta la actualidad, los clubes de madres del distrito reciben un cheque mensual que actualmente fluctúa entre los 300 y 600 soles (dependiendo del número de raciones del comedor).
Las medidas del gobierno aprista, sin embargo, no consideraban a los "comedores autogestionarios", que no recibieron apoyo alguno del gobierno (salvo esporádicas "donaciones"). Por el contrario, CARITAS y algunas ONGs se convirtieron en las principales instituciones que respaldaban a los comedores populares. Cabe recordar el programa de centros de acopio que puso en marcha FOVIDA a nivel de Lima Metropolitana; éste consistía en establecer un sistema de venta directa de productos alimenticios desde los propios productores a las socias de los comedores (sin intermediarios) de tal manera que disminuían los precios.
Las primeras medidas económicas del gobierno de Fujimori dañaron aún más la economía de los pobres del país. Esto determinó el crecimiento y fortalecimiento de la organización de comedores populares, no sólo a nivel distrital. En el inicio de los noventa podemos detectar el nivel máximo alcanzado por la organización de comedores, por lo menos en la dimensión propositiva. Un promotor de ONG con experiencia en el distrito, considera la promulgación de la ley 25307 como un hito para comprender el desarrollo de esta organización. Por esta ley, aprobada el 15 de diciembre de 1991 y promulgada en febrero del año siguiente, el Estado se comprometió a considerar un rubro en el presupuesto nacional anual destinado a política social alimentaria, a través de los comedores populares. Este "logro", según el promotor, fue producto de una sólida etapa de preparación, "obviamente con asesoramiento (de funcionarios de ONGs), pero sobre todo con el protagonismo de las mujeres"; y de acuerdos y “lobbies” con congresistas ("generalmente de izquierda"). Sin embargo la ley no llegó a reglamentarse, lo que ha obligado a las representantes de la organización a realizar periódicamente el “trabajo de lobby con congresistas” en los meses que se discute el presupuesto nacional. Según nuestro entrevistado, esta continuidad de gestiones ha desgastado y rutinizado el papel de las dirigentas. En los últimos años ese porcentaje del presupuesto nacional es canalizado mediante el PRONAA.
La politización no sólo opone a los comedores y el Estado, sino también a ellos entre sí. De un lado existe una organización, la “Central de Comedores Populares Autogestionarios de San Juan de Lurigancho”, que cuenta con unos 315 comedores populares activos. Esto involucra a unas 10,000 socias activas, teniendo en cuenta un promedio de 30 socias por comedor. Según los estatutos de esta organización, cada comedor está en la obligación de elegir dos representantes (un titular y un suplente) que "participarán con voz y voto por cada comedor, llevando la decisión de su base". Este cargo se ocupa, teóricamente, por un año. No podemos confirmar el rigor del cumplimiento de esta norma. Por lo conversado con algunas dirigentas, varía mucho por cada comedor. Las representantes de cada comedor conforman una asamblea general zonal que se asume como "el órgano máximo a nivel de comité zonal". La asamblea general zonal está dirigida por una junta directiva zonal.
Los canales de comunicación entre dirigentes y bases se debilitan aún más al llegar a la representación distrital. La asamblea general central es la máxima autoridad de la organización. Está constituida por los representantes de todos los comedores del distrito y por las directivas zonales y la directiva central.
Cabe indicar que las asambleas generales se realizan, según los estatutos, cada tres meses de manera ordinaria. En lo que va del año se ha cumplido con este acuerdo, pero ha estado condicionado al proceso electoral de la junta
directiva central. No se puede decir lo mismo de otros años, en los cuales no existió regularidad en la realización de asambleas.
De otro lado, está la “Coordinadora Distrital de Clubes de Madres, Comedores Populares, Comedores Autogestionarios, Comedores Parroquiales y Comedores Infantiles de San Juan de Lurigancho", creada a partir de la intervención del PRONAA (1997). La “Central” ha sido la organización tradicional del distrito, que históricamente formó parte de un movimiento que buscaba principalmente asegurar que el gobierno central asignara recursos para el programa de comedores. La secretaria general de la “Central” fue hasta el año 2000 la señora Ysabel Valverde, quien ocupó el cargo en los últimos cuatro años. Ella desarrolló una gestión en estrecha relación con diversas ONGs, como INCAFAM o TACIF, por ejemplo, que desarrollan programas de apoyo a la generación de ingresos y de educación de líderes. El cargo ayudó a Valverde a convertirse en un personaje público con cierta presencia en el distrito, situación que le permitió postular como regidora por el distrito en las elecciones municipales de 1998 por Somos Perú, y posteriormente a ser pre-candidata a la lista parlamentaria de la misma agrupación este año. En ninguna de las dos empresas logró sus objetivos. La actual secretaria general es Consuelo Aristizábar.
La identificación de Valverde con Somos Perú mereció el cuestionamiento de un sector de dirigentas, que la acusaron de “politizar” la organización. Estos problemas se vieron agravados por la intervención del PRONAA desde 1997. Entonces se empezó a formar la "Coordinadora”, cuya primera presidenta distrital desde 1999 es Cirila Campos. Así, ahora la “Central” enfrenta una creciente desafiliación de comedores populares que pasan a depender directamente de una cadena de centros de acopio que coordinan directamente con los promotores del PRONAA. A pesar de que todos los comedores del distrito reciben alimentos del PRONAA (incluida la Central), pertenecer a la “Coordinadora” trae otros beneficios adicionales. La “Cordinadora” se formó con la intervención de ex-dirigentas de la Central, las que aprovecharon el cuestionamiento a la señora Valverde para formar una nueva organización, y fue producto de una estrategia política planificada a mediano plazo, que se vale de la debilidad y problemas de legitimidad de muchas de las dirigentas “tradicionales”.
Con el objetivo supuesto de mejorar la distribución de los recursos alimenticios, el PRONAA creó alrededor de 23 centros de acopio en todo el distrito, ubicados en los domicilios o en los locales de comedores dirigidos por socias "confiables" para los promotores de este organismo estatal. Para la selección de estas "personas confiables", valió la asesoría de ex-dirigentas de la Central. Además se contó con el apoyo de la organización distrital de clubes de madres, creadas en el gobierno aprista y que en la práctica se habían convertido en comedores populares, con la diferencia de que además de los alimentos distribuidos por el PRONAA recibían un subsidio en dinero. En esta agrupación de clubes de madres resalta el liderazgo de María Elías, actual regidora distrital por Vamos Vecino. En 1999, se reunieron las 23 responsables de los centros de acopio creados por el PRONAA, contando entre ellas miembros de los clubes de madres y comedores populares, y decidieron desconocer la existencia de la Central, aduciendo que "es una organización muerta", y que sus dirigentas simplemente "no representan a nadie". El discurso de las directivas de los centros de acopio, entre ellas Cirila Campos, identifica la renovación organizacional como una tarea decisiva para las organizaciones de base de Lima. Ellas asumen esa responsabilidad señalando que "a tiempos nuevos, nuevas organizaciones". De este modo se dio inicio a la Coordinadora distrital; en la actualidad, son aproximadamente 600 los comedores populares y clubes de madres que pertenecen exclusivamente a esta organización. Tanto promotores de ONGs como las dirigentas de la Central coinciden en señalar que la coordinadora se ha formado en parte debido a la frágil "tradición" de las integrantes de los comedores populares, y el insuficiente recambio dirigencial. Según algunos, la Coordinadora está formada básicamente "por socias nuevas que no conocen la historia de la organización, ni de las luchas".
Es interesante registrar que todos estos conflictos se dan a nivel de las cúpulas, de las dirigentas del distrito, no tanto a nivel de base. En la actualidad, en el distrito, son aproximadamente 1,000 los comedores populares. Todos ellos reciben los alimentos que distribuye el PRONAA sin distinción alguna. Miembros de ambas organizaciones señalaron que a pesar de rumores y supuestas amenazas, los alimentos llegan a todos los comedores. Todos los comedores, sin excepción, reciben la inspección de los promotores del PRONAA, que comprueban la preparación del alimento y el número de beneficiarios del programa. Además, todos los comedores tienen que coordinar la distribución de los alimentos con los 23 centros de acopio. La diferencia consiste en que 315 comedores están afiliados a la Central y reconocen como dirigenta a Consuelo Aristizábar; y las restantes tienen como dirigenta a Cirila Campos. Como se puede apreciar esta situación ha generado confusión en las socias de base, que tienen muchas dificultades para comprender las "diferencias".
A mi juicio, el problema aquí está en la pretensión de monopolizar la representación popular. Creo que el problema no está en la existencia de múltiples organizaciones, o que estén en disputa entre ellas. Habiendo orientaciones sociales o políticas diversas, no sólo no es sorprendente que así sea, sino que hasta es algo positivo. El problema está en que unos pretendan descalificar a los otros, que sus relaciones, en vez de estar basadas en principios de cooperación, lo estén en el principio de una competencia excluyente; el otro problema es, nuevamente, la débil institucionalización de las políticas sociales, lo que las hace fácilmente pasibles de utilización política. Se hace necesario “aislar” a las políticas sociales, hacerlas políticas de Estado y alejarlas lo más posible de la intervención de los gobiernos y administraciones municipales de turno.
Una de las diferencias que encontramos entre la “Central” y la “Coordinadora” está en los actores externos que las apoyan. En el caso de la Central, existen algunos programas que se han puesto en funcionamiento con las socias de estos comedores gracias a proyectos de ONGs. La Central cuenta por ejemplo con la administración de una botica que implementó Incafam; además, otras ONGs han puesto en marcha microempresas (talleres de confecciones, por ejemplo) con la participación de las socias. Finalmente, varias de ellas participan en una “Escuela de Líderes”, exclusivo para las integrantes de la Central. Según un promotir, desde 1995, aproximadamente, se dio un giro en la labor de las ONGs, en el que se tomó en cuenta el pedido de las dirigentas de la Central de implementar proyectos que ayuden a la generación de ingresos para las socias. De este modo, el espacio que había servido para el suministro básico de alimentos se convirtió también en la posibilidad de generar pequeños ingresos. Sin embargo, ha quedado demostrado por experiencias piloto que este tipo de proyectos funcionan mejor sin pasar necesariamente por la organización, es decir, teniendo como beneficiarios directos a miembros de comedores, pero que participen del programa de las ONGs a título personal.
En el caso de la Coordinadora distrital, es el propio Estado, a través del PRONAA, el que se encarga de generar fuentes de ingresos para las miembros de esta organización, también obedeciendo a una demanda de las bases. Según Cirila Campos, uno de los "motivos" para apoyar a Fujimori en la campaña de 1995 fue la promesa de "convertir los comedores populares en microempresas". Campos señala que el PRONAA presentó a sus afiliadas una lista de posibles microempresas de las que podrían formar parte. En esa relación figuraban talleres de confecciones, panaderías, lavanderías, crianza de aves de corral, etc. Se implementaron de manera piloto unas cuantas microempresas en San Juan de Lurigancho, pero fracasaron porque implicaba que todas las socias del comedor se convirtieran en "dueñas" de la empresa.
Esta experiencia resultó aleccionadora pues permitió reformular la propuesta, aunque saliéndose de los marcos de lo que se entiende estrictamente por política social. La nueva propuesta quedó dentro de lo que podríamos considerar políticas de apoyo a pequeñas empresas; consistió en requerir la asociación formal de un máximo de cuatro socias (miembros de comedores) y de un capital de garantía para la implementación de algún negocio. Aquellas socias que contaron con el capital requerido asumieron la propuesta y solicitaron a la banca privada un préstamo que tuvo como garante al propio PRONAA. De esta manera, un número importante de socias se convirtió en dueña de 12 panaderías y 30 talleres de confecciones, sólo en el distrito. Cirila Campos es una de ellas. No resulta casualidad alguna que las principales dirigentas de la coordinadora en el distrito sean las dueñas de las panaderías y alguna de ellas regidora distrital por Vamos Vecino.
Las miembros de la Coordinadora distrital también han recibido el tipo de capacitaciones que tradicionalmente han dictado las ONGs. En este caso ha sido el PROMUDEH el encargado de capacitar a las miembros en temas como violencia familiar, derechos de la mujer, e inclusive liderazgo; además de las asesorías para la creación de microempresas. Este conjunto de información ha generado en las socias, o en todo caso en las dirigentas, un discurso que bien podríamos llamar "anti-ONG", que desprestigia el papel de éstas, por lo menos en el distrito, ya que presentan a los comedores de la Central como "altamente dependientas" de los organismos no-gubernamentales, que además serían centros de "oposición política al gobierno”. Una prueba de ello sería la filiación política de Valverde y otras dirigentas, consideradas para la coordinadora como "andradeístas". Evidentemente este tipo de discurso se expresa de manera similar para las dirigentas de la Central de Comedores que, obviamente, se consideran "autónomas", siendo las "dependientes" las que participan de la Coordinadora pues los beneficios de éstas estarían supeditados al apoyo incondicional en la campaña electoral de Perú 2000.
(Fuente: Participación popular en las políticas sociales. Cómo y cuándo es democrática y eficiente, y por qué puede también ser lo contrario autor Martín Tanaka, publicada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) - Consorcio de Investigación Económico y Social (CIES))